“La escuela es una institución del siglo XIX, con docentes formados en el siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces, el desencuentro cultural es enorme”. La reflexión pertenece a una experimentada docente mendocina que perteneció al equipo de la Dirección General de Escuelas y que como muchos de los consultados por Diario UNO prefirieron reservar su identidad.

Este razonamiento tan gráfico explica por qué cada vez resulta más inmanejable el tema de la violencia escolar, puesta una vez más en el tapete con el caso de un alumno de la escuela Scalabrini Ortiz de Godoy Cruz, publicado ayer por UNO, que fue dejado libre tras numerosas sanciones y que finalmente siguió su curso tras la denuncia de los directivos de presiones por parte del gobierno escolar para reincorporarlo.

Todos coinciden en el diagnóstico: los alumnos deben permanecer dentro del sistema en pos de defender su derecho a la educación.

La convergencia también se extiende sobre otro punto fundamental: en este esquema de ‘contener sí o sí’, la escuela no está lo suficientemente preparada para tratar con chicos “revoltosos”.

Según Alejandro Castro Santander, psicopedagogo e integrante del Observatorio Iberoamericano de Violencia en las Escuelas, “necesitamos una respuesta educativa alternativa”.

Su propuesta, que es moneda corriente en otros países, es que los alumnos con problemas extremos, tanto de conducta como de aprendizaje, sean atendidos de manera separada para que luego puedan reinsertarse. “Hay experiencias en donde la misma escuela tiene aulas distintas donde el chico es contenido y reeducado, entonces pasa unas horas en este espacio y el resto del día con sus compañeros”, grafica el experto.

¿Pero acaso no es ésta la función que actualmente cumplen los gabinetes psicopedagógicos?
Santander aclara que la misión de estos espacios “está más relacionada con lo asistencial, como si fuera un consultorio. Yo creo que los psicólogos y psicopedagogos también deberían tener funciones preventivas”.

A tono con este razonamiento, otra docente de carrera que fue directora de una escuela, supervisora y llegó a ocupar un alto puesto en la DGE sugiere que el “sistema educativo debería hacer hincapié en los servicios de orientación. Por ejemplo, se debería hacerle al chico una buena entrevista antes de ingresar para poder hacer un pronóstico y así preparar una estrategia de atención antes de que vengan los problemas”.

La cuestión a dilucidar es ¿qué hacemos en tanto? La respuesta estaría en generar un sistema de normas de convivencia y de sanciones que sea claro, amplio y consensuado.

Para Santander, “en todas las épocas la sanción ha tenido una función educativa. Hoy, la sanción no es un castigo: un día de suspensión es un día para quedarse viendo TV”.

Este mínimo normativo de convivencia debería estar acompañado, siempre siguiendo el razonamiento de Santander, por un plan de convivencia, “una especie de manual de procedimiento que indique claramente qué se debe hacer según el caso”.

En tanto, para Amalia Vergara, directora de la Escuela Normal y miembro de la Asociación Profesional de Directivos de Educación Media (Aprodem), el Régimen de Convivencia plasmado en la Resolución Nº604/02 de la DGE es suficiente.

Según Vergara, la clave está en respetar los procedimientos estipulados por la DGE.

“Por supuesto que existe la presión del gobierno escolar para que el alumno continúe en el establecimiento, por eso hay que seguir correctamente todos los pasos formales para resguardar la autoridad del docente”, agregó.