Diego Lavado, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Celso Jaque, ratificó que considera “violenta, estigmatizante y discriminadora” la metodología usada por la Municipalidad de Capital para erradicar la venta clandestina ambulante.

Lavado cuestionó la medida por “violenta, inconsulta e intempestiva”, al mismo tiempo que recibió a los ambulantes en conflicto con el intendente Víctor Fayad y se constituyó en mediador “por pedido de la Justicia”, según sostuvo.

En una entrevista con Diario UNO, el funcionario dijo que mantiene “las convicciones de siempre” y que no analiza si sus posturas perjudican electoralmente a Jaque. “A mí me convocaron a hacer lo que siempre hice, cuando el gobernador considere que no soy útil me lo dirá”, sentenció.

–¿Por qué intervino la provincia en el conflicto de Capital con los vendedores ambulantes?
–Nosotros no estamos cuestionando la ordenanza municipal ni las facultades de la Comuna, lo que estamos diciendo es que el camino no es una respuesta violenta frente a un problema social. Intervenimos como parte interesada en proteger los derechos individuales de las personas.

–¿Se avasallaron derechos humanos en el desalojo de los ambulantes?
–La mayoría del periodismo reflejó eso. En todos los medios se dijo que hubo una desproporción en el despliegue de la fuerza pública para solucionar el problema.

– ¿Eso desencadenó que ustedes intervinieran como mediadores?
–Nosotros vamos a ser mediadores por solicitud de la Justicia, no nos propusimos nosotros. Cuatro o cinco veces antes ya nos pidieron lo mismo en casos de conflicto social con intervención de la policía y alguna fiscalía.

–Bueno, pero antes del pedido judicial ustedes salieron a marcarle la cancha a Fayad.

–Ayer criticamos el despliegue y uso de la fuerza pública para solucionar un problema que no se puede solucionar de un día para otro. Es un problema de gente que hace siete, ocho o diez años que está vendiendo en la calle, ésa es su fuente de trabajo. Por más que sea informal es una forma de trabajo que mientras se garantice, no digo promoverlo, en el ámbito en el que se desarrolla se están previniendo delitos y conflictos. No podemos desconocer eso.

– Fayad destacó que además de violar una norma comunal la actividad de los ambulantes genera otros focos delictivos.

– El intendente no es especialista en derecho penal ni en criminología y yo sí lo soy. Si alguien conoce que se comete un delito que lo denuncie.

– ¿A qué se refiere el texto de la subsecretaría cuando dice que los vendedores ambulantes constituyen parte del paisaje urbano latinoamericano?
–Esas no son palabras nuestras, pertenecen al pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo sobre el tema del trabajo informal. No fomentamos ni que se evadan los impuestos ni el trabajo en negro, éstos son cuentapropistas que obtienen sus ingresos por medio de una actividad informal, a veces procurándose mejores condiciones que los trabajadores formales.

– ¿La filosofía del Gobierno es tolerar estas actividades marginales?
–La posición ideológica del Gobierno es que no podemos hacer cargo a las víctimas después de 10 años –la década del ’90– de corroborar con el voto un sistema de exclusión.

–¿La actividad de los ambulantes incrementa las condiciones para que haya inseguridad?
–No, de ninguna manera. Por supuesto que lo mejor sería que toda la gente tenga empleo seguro pero eso es una ilusión y lo otro la realidad. Hay ciudades así en el Primer Mundo.

–¿Es inimaginable eso para Mendoza hoy?
–Tenemos que apuntar a eso pero paulatinamente. La ciudad ideal no se consigue con exclusión sino con inclusión.